Olga Casado Rodríguez
Diez comunidades, entre ellas Cataluña y Madrid, lo prohíben en sus normativas
La irrupción en el alquiler turístico de empresas como Airbnb ha abierto un debate entorno a cómo debe regularse el alquiler de habitaciones. La regulación varía según cada comunidad autónoma, competentes en materia turística y cada ayuntamiento, competente en materia urbanística. De esta manera, las comunidades más reacias a la proliferación de este tipo de empresas realizan una legislación muy estricta, mientras que otras más favorables regulan de forma más laxa.
Según un informe del despacho de abogados Serrano Alberca & Conde, que analiza las 17 legislaciones autonómicas en estos ámbitos, sólo Asturias, Madrid y La Rioja prohíben a los particulares alquilar su vivienda habitual, mientras que demás comunidades autónomas sí lo permiten. En el caso del alquiler por habitaciones, solo hay siete que lo permiten (Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, País Vasco, Extremadura, Murcia y Navarra). Ante esta situación, Airbnb ha anunciado que solo pactará con las comunidades y ayuntamientos que acepten que los particulares puedan alquilar sus viviendas habituales y que puedan hacerlo también por habitaciones.
Airbnb destaca Andalucía como comunidad modélica en el ámbito de la regulación del alquiler turístico. Esta comunidad ha sido la primera en pactar un sistema para crear un mapa oficial de viviendas turísticas. El acuerdo entre la Junta de Andalucía y Airbnb establece que los usuarios que publiquen un anuncio en esta plataforma tendrán que acogerse a dos modalidades de forma obligatoria: formar parte de un censo a través de un número que registre su vivienda o declararse como excepción, para cumplir algunas de las normas fijadas por la Junta para las viviendas turísticas.
Sin embargo el caso de Andalucía es excepcional, ya que es una de las comunidades con las legislaciones más laxas de España: no fija estancias mínimas, no prohíbe el alquiler por habitaciones, permite arrendar la vivienda habitual y no establece la posibilidad de que la comunidad de propietarios vete la existencia de pisos turísticos.
A pesar de que Airbnb desearía que el modelo andaluz fuera el que prevaleciera en todas las comunidades autonomas, la realidad es que las comunidades con más viviendas turísticas, Madrid y Cataluña, son precisamente las que se muestran más reacias a el establecimiento de estas plataformas y tratan de frenarlas a través de regulaciones considerablemente restrictivas.
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